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La participaciòn de los sindicatos en la estructuraciòn y redacciòn de los balances sociales de empresa son una realidad que no debe ser soslayada por el empresariado chileno ni por las organizaciones de trabajadores. Y es que los principales obstàculos que encuentra este instrumento de gestiòn de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son de naturaleza cultural. Por un lado, el empresariado nacional todavìa no abandona la idea filantròpica de la RSC y, en el peor de los casos, este concepto es sinònimo de un alza de costos que es mejor ahorrase. Mientras, en el mundo sindical, existe la idea general de que todo lo que sea RSC no es màs que un nuevo mètodo de marketing, o es la ùltima estratagema del capitalismo para justificar su dominio, segùn el discurso de los sectores màs radicalizados.
Sin embargo, ambas concepciones se equivocan pues no consideran la RSC como un nuevo sistema de gestiòn organizacional que implica la puesta en marcha de procesos continuos de calidad y rendiciòn de cuentas afuera de la actividad empresarial . Aunque lo que se denomina como un escepticismo paralizante en el mundo del Capital y Trabajo sean comprensibles, la experiencia pràctica de la RSC y los Balances Sociales demuestran que no pretenden globalizar el sindicalismo ni tampoco reemplazar el rol del Estado en la tutela de los derechos laborales o la negociaciòn colectiva.
Un adecuado punto de partida respecto al rol del sindicalismo en la RSC lo podemos ubicar en la institucionalidad internacional. Iniciativas como la red del Global Reporting Iniciative (GRI,) encargada de elaborar informes de sustentabilidad ambientales y sociales; el Programa “Principios para la Inversiòn Responsable” de Naciones Unidas; la reparticiòn Social Responsabilty de la ISO que en el 2010 lanzarà la norma 26000 para certificar la calidad de las polìticas sociales de la empresa, ademàs de los capìtulos para el Desarrollo Social de las Empresas Multinacionales de la OIT y la OCDE. Las directivas y el contenido aplicativo de estas iniciativas han permitido la emergencia de una nueva visiòn empresarial y sindical en torno al diàlogo social y su vìnculo con la RSC.
Ya en el 2006, la Conferencia Sindical Trabajo y Medioambiente en Amèrica Latina (CIOSL) incorporò el concepo de RSE como parte de su estrategia, la cual “permite vincular la figura de la RSE con la línea de trabajo directamente multinacional, fundamentada en instrumentos intergubernamentales (OIT, OCDE, Naciones Unidas), y los acuerdos marco globales alcanzados entre Federaciones Sindicales Internacionales y determinadas empresas multinacionales correspondientes a sus sectores de representación”. Es importante recalcar que los instrumentos internacionales ofrecidos por estos organismos no significa una homogeneizaciòn de las pràcticas sindicales en los marcos establecidos por la RSC. De acuerdo a la CIOSL, los sindicatos han coincidido en la dificultad de exigir el cumplimiento de còdigos de RSC a las empresas debido a las peculiaridades de cada paìs. Y es que la actividad sindical no existe a nivel supraestatal y el hecho de que un sindicato de un paìs intervenga en las situaciones de otro pueden crear susceptibilidades, sobretodo desde Europa y Estados Unidos hacia Amèrica Latina.
Este tipo de problemas pretenden ser enfrentados por los acuerdos globales existentes, especìficamente a travès de la “Global Resporting Iniciative” (GRI). La guìa de esta entidad contiene indicadores y principios que plantean la intervenciòn de los sindicatos en la aplicaciòn y seguimiento de los balances sociales realziados por casa empresa que utiliza la metodologìa propuesta la guìa. Ello ha permitido que actualmente esta especie de brùjula sea considerada en Europa el principal instrumento de acciòn sindical en materia de RSC. Veamos el por què.
“Si los grupos de interès (entre los cuales menciona a las organizaciones de trabajadores) no participan en la elaboraciòn de la memoria anual (Balance Social) ni se identifican con ella, es menos probable que las memorias se adecuen a sus necesidades, lo que a su vez provocarà que sean menos creìbles”. Ello ha llevado a los sindicatos a propner en los balances la inclusiòn de indicadores internos como el nùmero de filiales, subcontristas y proveedores con los cuales trabajan la empresa. Este tipo de datos nominales han comenzado a ser entregados directamente a los sindicatos como lo demuestran los casos de empresas espanolas como Mango e Inditex. Otros indicadores cada vez màs frecuentes en los balances sociales son el volumen de producciòn en facturaciòn y ventas junto con sus porcentajes sobre el total subcontratado; el nivel de salarios pagados; tipo de contratos utilizados y su porcentaje entre el total de trabajadores; ìndice de salud y seguridad laboral, y la menciòn de sindicatos a los cuales se ha contactado para el seguimiento de los compromisos en RSC. Ademàs de estos indicadores, la guìa GRI recomienda la inclusiòn de indicadores globales como mencionar si existe o no una interlocuciòn y acuerdos formales con organizaciones sindicales internacionales.
Exitosos casos en esta materia tambièn lo demuestra la empresa Repsol YPF q ue està involucrando a sus sindicatos en las discusiones formales sobre su balance social anual, solicitando el aporte de estas organizaciones en materias delicadas como las relaciones con las comunidades indìgenas, ahorro energètico y sustentabilidad ambiental. De hecho estos temas pueden ser desarrollados y propuestos por los sindicatos en el proceso de estructuraciòn del balance de la empresa. Para ello es indispensable que exista una actitud abierta por parte del movimiento sindical chileno a tratar la RSC como un instrumento de participaciòn y aporte social.

Uno de los principales elementos del discurso utilizado en la presente campana electoral para la Presidencia del paìs se centra en el fenòmeno de la corrupciòn y la falta de transparencia. Todavìa podemos hablar de fenòmeno y no de una base social consolidada en la sociedad chilena, aunque no podemos desconocer un aumento persistente de acciones èticamente reprochables, tanto en el sector pùblico como en el privado.

El ùltimo informe del capìtulo chileno de Transparencia internacional habla claro: Chile se ha empantanado en su lucha contra la corrupciòn, retrocediendo del puesto 19 al 25 en cinco anos. La tendencia descendente  permite que el paìs ahora comparte el primer lugar junto a Uruguay, como las sociedades màs transparentes de Amèrica Latina. Entre las principales causas del retroceso en los ùltimos tres anos se mencionan los bullados casos que involucran a directivos de instituciones pùblicas y algunas pràcticas en el sector privado. En el primer àmbito, la falta de transparencia es agravada por la lògica aplicada por la clase polìtica (gobierno y oposiciòn) que se inserta en un lògica de acusaciones mutuas donde dificìlmente se establecen soluciones estructurales al problema.

En el segundo sector, el informe nos dice claramente: “La transparencia empresarial no ha logrado tpdavìa constituirse en un àmbito de acciòn relevante de la forma de hacer negocios del sector privado”. Y agrega: “Al igual que en el sector privado, la sociedad civil todavìa no asume adecuadamente el desafìo de incrementar los niveles de transparencia en su gestòn”.

Puestas asì las cosas, las conclusiones del informe para Chile nos llevan a reflexionar en torno apuntan a dos aspectos que estàn intimamente ligados a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en general, y al Balance Social, en particular. Dentro de las soluciones propuestas en el campo institucional y regulativo, se propone “incrementar los niveles de transparencia en la gestiòn de las empresas pùblicas privadas”. La idea puede ser considerada extremadamente abstracta, pero no es despreciable si la relacionamos con la funciòn del Balance Social, como instrumento clave de la RSC.

La elaboraciòn del Balance Social supone una nueva forma de innovaciòn en la gestiòn de las organizaciones. Su objetivo es hacer màs accesible, transparente y, por ende, valorable la acciòn pùblica realizada por las empresas, organismos estatales y organizaciones civiles. Pocos saben que la implementaciòn de este documento permite perfeccionar la toma de decisiones de cada organizaciòn, ofreciendo la posibilidad de que el mundo exterior evalùe las opciones realizadas al interior y asì crear una retroalimentaciòn permanente entre la organizaciòn y los portadores de intereses de èsta.

En otras palabras, a diferencia de la rigìdez del clàsico balance de contabilidad econòmico-financiera, el Balance Social implica una rendiciòn de cuentas màs profunda que puede ser enriquecida anualmente por los actores que se ven impactados por las acciones de cada organizaciòn, ya sea pùblica o privada. Al establecer una dinàmica de este tipo gradualmente se reducen los dèficit de comprensiòn entre los diversos stakeholders y la organizaciòn que realiza el documento. El principal resultado en la reducciòn de este dèficit es el incremento de la transparencia.

Esta herramienta de la RSC es tambièn multidimensional y flexibile. Puede ser enfocada para responder exclusivamente a problemas de transparencia. Por ejemplo en Europa tenemos el ejemplo del Consejo Nacional de Contadores Auditores en Italia que ha desarrollado el mètodo del Balance Social para la creaciòn de un “Programa de Lìneas Guìa en la valoraciòn de la Responsabilidad y Transparencia”, a travès de encuestas a sus usuarios (personas naturales y empresas) con el fin de que los actores de este sector puedan desarrollar un sistema propio de control externo a la organizaciòn. Dentro de este modelo se clarifica el objetivo de las indicaciones dadas por los encuestados “sean ùtiles para que los contadores tengan un referimiento concreto de còmo deben desenvolverse en sus juicios profesionales”. Podemos imaginar que efectos tendrìa una medida de este tipo si fuese aplicada por una empresa, un Ministerio o Servicio Pùblico, una ONG o una Fundaciòn social.

Muchas veces se complejiza en extremo la relaciòn entre los objetivos de cada organizaciòn con el pùblico en general y se piensa que la soluciòn inmediata sea establecer una campana comunicacional de buenas pràacticas sociales, cuando la principal caracterìstica de este proceso informativo es que caduca ràpidamente en la memoria del pùblico al cual se desea llegar, con lo cual la pretendida mayor transparencia terminan siendo archivada en el baùl de los recuerdos. Sin embargo, la realizaciòn de una metodologìa interactiva entre una organizaciòn y sus usuarios supone una fase programàtica, en que se definen los objetivos; de presentaciòn de las opciones que la organizaciòn desea hacer (empresa, administraciòn pùblica o fundaciones); una fase consultiva a los potenciales afectados por la labor operativa de la organizaciòn, y una etapa expositiva donde se muestran las cosas que se han hecho.

La misma soluciòn no cambia sus condiciones para el mundo privado. En su informe “Corrupciòn y Sector Privado”, Transparencia Internacional descata la necesidad de construir sistemas predecibles para el futuro de las empresas -o gobiernos y organizaciones civiles- a partir de factores de control como la rendiciòn de cuentas. Justamente, el concepto de “integridad corporativa” planteado por el organismo internacional se fusiona con la razòn de vida de la RSC y, actualmente, el principal instrumento de èsta para avanzar hacia una mayor integridad es el Balance Social. Ello, porque no sòlo considera los ingresos y la rentabilidad de una empresa como los elementos constitutivos de la actividad, sino que busca la interacciòn con los potenciales afectados por las pràcticas corruptivas. Dicho de otro modo, el principal ingrediente del Balance Social es la la integridad como eje de las operaciones organizacionales.

Afortunadamente el Balance Social no requiere del apoyo legislativo, por lo que cada organizaciòn del sector privado puede dar un paso concreto para incrementar los niveles de transparencia de modo eficiente, sin caer en el inmovilismo de la clase polìtica respecto al tema. En lo que respecta al Poder Pùblico, es necesario dar un acto de voluntad real, instaurando obligatoriamente el Balance Social en los servicios pùblicos y en la administraciòn estatal. Esta es la propuesta màs concreta que podrìan realizar los sostenedores de la RSC en el paìs.