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Uno de los principales elementos del discurso utilizado en la presente campana electoral para la Presidencia del paìs se centra en el fenòmeno de la corrupciòn y la falta de transparencia. Todavìa podemos hablar de fenòmeno y no de una base social consolidada en la sociedad chilena, aunque no podemos desconocer un aumento persistente de acciones èticamente reprochables, tanto en el sector pùblico como en el privado.

El ùltimo informe del capìtulo chileno de Transparencia internacional habla claro: Chile se ha empantanado en su lucha contra la corrupciòn, retrocediendo del puesto 19 al 25 en cinco anos. La tendencia descendente  permite que el paìs ahora comparte el primer lugar junto a Uruguay, como las sociedades màs transparentes de Amèrica Latina. Entre las principales causas del retroceso en los ùltimos tres anos se mencionan los bullados casos que involucran a directivos de instituciones pùblicas y algunas pràcticas en el sector privado. En el primer àmbito, la falta de transparencia es agravada por la lògica aplicada por la clase polìtica (gobierno y oposiciòn) que se inserta en un lògica de acusaciones mutuas donde dificìlmente se establecen soluciones estructurales al problema.

En el segundo sector, el informe nos dice claramente: “La transparencia empresarial no ha logrado tpdavìa constituirse en un àmbito de acciòn relevante de la forma de hacer negocios del sector privado”. Y agrega: “Al igual que en el sector privado, la sociedad civil todavìa no asume adecuadamente el desafìo de incrementar los niveles de transparencia en su gestòn”.

Puestas asì las cosas, las conclusiones del informe para Chile nos llevan a reflexionar en torno apuntan a dos aspectos que estàn intimamente ligados a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en general, y al Balance Social, en particular. Dentro de las soluciones propuestas en el campo institucional y regulativo, se propone “incrementar los niveles de transparencia en la gestiòn de las empresas pùblicas privadas”. La idea puede ser considerada extremadamente abstracta, pero no es despreciable si la relacionamos con la funciòn del Balance Social, como instrumento clave de la RSC.

La elaboraciòn del Balance Social supone una nueva forma de innovaciòn en la gestiòn de las organizaciones. Su objetivo es hacer màs accesible, transparente y, por ende, valorable la acciòn pùblica realizada por las empresas, organismos estatales y organizaciones civiles. Pocos saben que la implementaciòn de este documento permite perfeccionar la toma de decisiones de cada organizaciòn, ofreciendo la posibilidad de que el mundo exterior evalùe las opciones realizadas al interior y asì crear una retroalimentaciòn permanente entre la organizaciòn y los portadores de intereses de èsta.

En otras palabras, a diferencia de la rigìdez del clàsico balance de contabilidad econòmico-financiera, el Balance Social implica una rendiciòn de cuentas màs profunda que puede ser enriquecida anualmente por los actores que se ven impactados por las acciones de cada organizaciòn, ya sea pùblica o privada. Al establecer una dinàmica de este tipo gradualmente se reducen los dèficit de comprensiòn entre los diversos stakeholders y la organizaciòn que realiza el documento. El principal resultado en la reducciòn de este dèficit es el incremento de la transparencia.

Esta herramienta de la RSC es tambièn multidimensional y flexibile. Puede ser enfocada para responder exclusivamente a problemas de transparencia. Por ejemplo en Europa tenemos el ejemplo del Consejo Nacional de Contadores Auditores en Italia que ha desarrollado el mètodo del Balance Social para la creaciòn de un “Programa de Lìneas Guìa en la valoraciòn de la Responsabilidad y Transparencia”, a travès de encuestas a sus usuarios (personas naturales y empresas) con el fin de que los actores de este sector puedan desarrollar un sistema propio de control externo a la organizaciòn. Dentro de este modelo se clarifica el objetivo de las indicaciones dadas por los encuestados “sean ùtiles para que los contadores tengan un referimiento concreto de còmo deben desenvolverse en sus juicios profesionales”. Podemos imaginar que efectos tendrìa una medida de este tipo si fuese aplicada por una empresa, un Ministerio o Servicio Pùblico, una ONG o una Fundaciòn social.

Muchas veces se complejiza en extremo la relaciòn entre los objetivos de cada organizaciòn con el pùblico en general y se piensa que la soluciòn inmediata sea establecer una campana comunicacional de buenas pràacticas sociales, cuando la principal caracterìstica de este proceso informativo es que caduca ràpidamente en la memoria del pùblico al cual se desea llegar, con lo cual la pretendida mayor transparencia terminan siendo archivada en el baùl de los recuerdos. Sin embargo, la realizaciòn de una metodologìa interactiva entre una organizaciòn y sus usuarios supone una fase programàtica, en que se definen los objetivos; de presentaciòn de las opciones que la organizaciòn desea hacer (empresa, administraciòn pùblica o fundaciones); una fase consultiva a los potenciales afectados por la labor operativa de la organizaciòn, y una etapa expositiva donde se muestran las cosas que se han hecho.

La misma soluciòn no cambia sus condiciones para el mundo privado. En su informe “Corrupciòn y Sector Privado”, Transparencia Internacional descata la necesidad de construir sistemas predecibles para el futuro de las empresas -o gobiernos y organizaciones civiles- a partir de factores de control como la rendiciòn de cuentas. Justamente, el concepto de “integridad corporativa” planteado por el organismo internacional se fusiona con la razòn de vida de la RSC y, actualmente, el principal instrumento de èsta para avanzar hacia una mayor integridad es el Balance Social. Ello, porque no sòlo considera los ingresos y la rentabilidad de una empresa como los elementos constitutivos de la actividad, sino que busca la interacciòn con los potenciales afectados por las pràcticas corruptivas. Dicho de otro modo, el principal ingrediente del Balance Social es la la integridad como eje de las operaciones organizacionales.

Afortunadamente el Balance Social no requiere del apoyo legislativo, por lo que cada organizaciòn del sector privado puede dar un paso concreto para incrementar los niveles de transparencia de modo eficiente, sin caer en el inmovilismo de la clase polìtica respecto al tema. En lo que respecta al Poder Pùblico, es necesario dar un acto de voluntad real, instaurando obligatoriamente el Balance Social en los servicios pùblicos y en la administraciòn estatal. Esta es la propuesta màs concreta que podrìan realizar los sostenedores de la RSC en el paìs.

El descenso de algunos abusos de autoridad y otros intentos de censura, aparentemente, son los principales motivos que le permitieron a Chile subir siete puestos en la clasificaciòn mundial de la libertad de prensa, al pasar del lugar nùmero 56 del ano pasado al 40 durante el presente ano, de acuerdo al ranking elaborado por la organizaciòn internacional Reporteros Sin Frontera (RSF). Sin embargo, la nueva posiciòn no constituye un alivio para la pesada carga que debe soportar el proceso socio-comunicacional en nuestro paìs, ya que el mejoramiento en el ranking responde a situaciones puntuales y no estructurales.

Si observamos la clasificaciòn a nivel latinoamericano este ano Chile se ubicò en el tercer lugar, despuès de Uruguay y Costa Rica. Ambos paìses obtuvieron un mayor avance debido -segùn RSF- al fuerte acostumbramiento al pluralismo y a la democratizaciòn de sus respectivos mercados informativos. Como sabemos, estos dos aspectos no se desenvuelven sostenidamente en la realidad informativa nacional. La falta de pluralismo queda manifestada en la hegemonìa del duopolio El Mercurio-Copesa que concentran casi todo el mercado del avisaje pùblico y privado del mercado.

Esta situaciòn genera una reducciòn en la oferta y diversificaciòn mediàtica. Desde el punto de vista polìtico-social, genera un grado de libertad altamente relativo para los periodistas que estàn sujetos a la lìnea editorial del medio, el que -a su vez- debe responder a la lìnea ideològica de sus propietarios, con lo cual podemos hablar de una libertad de prensa subordinada a intereses y compromisos bastante delimitados. 

Un cuadro de este tipo representa una amenaza latente para el desarrollo de la cultura de la transparencia en las acciones pùblicas, tanto aquellas provenientes del Estado como las del sector privado. Justamente, mientras el paìs presenta una ascensiòn en la libertad de prensa, paralelamente viene bajando su posiciòn en materia de combate a la corrupciòn, segùn el ranking anual de Transparency International. Acaso podemos hablar de una contradicciòn entre el mejoramiento de la libertad de prensa y el empeoramiento de la transparencia, de acuerdo a sus rankings mundiales?. Para intentar zanjar esta disyuntiva nos concentraremos en los criterios utilizados por RSF y Transparency para estructurar sus respectivas clasificaciones.

El criterio de la primera organizaciòn es estudiar el grado de libertad de los periodistas y los medios de comunicaciòn mediante un cuestionario entregado a organizaciones colaboradores con RSF y a su Red de corresponsales, a partir del cual se elabora un promedio nùmerico y una posiciòn. Tanto el promedio como la posiciòn pueden cambiar o mantenerse sin alteraciones de un ano a otro, sobre la base de las pràcticas, omisiones o leyes que se realicen al interior de cada paìs en torno al trabajo periodìstico y comunicacional. Ello significa que un paìs puede aumentar posiciones sin haber hecho grandes cambios en esta materia, sino que simplemente su mejor resultado se debe a lo mal que lo han hecho otros paìses. Bajo esta lògica, el mejoramiento chileno en libertad de prensa no es un signo de alivio pues, si consideramos los criterios que evalùa RSF, veremos que aùn queda mucho por hacer.

Uno de los elementos utilizados para estructurar la clasificaciòn mundial hace referencia a la autocensura existente en cada paìs, la capacidad crìtica de la labor periodìstica, las presiones econòmicas a las lìneas editoriales y el marco jurìdico para el sector, ademàs del nivel de independencia de los medios pùblicos. No es un misterio que las pràcticas de autocensura en nuestra paìs son encubieras cotidianamente por la lìnea editorial de los medios, segùn el orientamiento de los propietarios. Por ejemplo, es imposible que El Mercurio publique investigaciones acerca de la participaciòn de la familia Edwards en la dictadura o còmo el Estado de aquella època salvò financieramente al “decano” informativo. Lo mismo es impensable para la Tercera y una hipotètica investigaciòn sobre los orìgenes de la fortuna del propietario de Copesa, Alvaro Saieh; que el diario Estrategia indague sobre el uso de informaciòn privilegiada en la compra de acciones realizada por su propietario y director, el abogado Vìctor Manuel Ojeda, a partir de reportajes publicados por su propio medio. Incluso, no es tampoco un secreto que este medio y su directo competidor, Diario Financiero, dificìlmente publicaràn informaciones crìticas al modelo de polìtica econòmica que funciona en el paìs. En los mass media de propiedad privada, la concentraciòn en el sector es una de las principales fuentes para la costumbre de autocensurar cierto tipo de informaciones.

Aunque no presenta problemas condicionados por las condiciones econòmicas, el caso del diario La Naciòn resulta  emblemàtico pues, al estar sujeto al control del gobierno de turno, constituye un claro de ejemplo de una autocensura inducida por las autoridades de la Secretarìa General de Gobierno. El clamoroso caso del Indap que produjo la renuncia del director del diario de aquella època, Alberto Luengo, por las presiones polìtico-partidista de las autoridades lo demuestra. En el caso de los medios de comunicaciòn del Estado se ha pasado de la censura directa del règimen militar a una censura disfrazada por parte del poder polìtico de turno  que induce a la autocensura editorial.

Tanto en el sector privado como en el pùblico estas dos formas de restricciòn al libre ejercicio de la prensa muestran una relaciòn ambivalente, ya que por una parte presenciamos a un sector pùblico sometido a un constante fiscalizaciòn mediàtica por parte de la mayorìa de los medios de informaciòn pertenecientes al establishment de la Oposiciòn polìtica, lo que es bastante sano para el libre ejercicio de la prensa. Pero, en este sentido, los mismos investigadores tiene las manos cercenadas para indagar acerca de las irregularidades que se generan en el sector privado, especialmente cuando involucran a las grandes empresas estratègicas que dominan el mercado publicitario en el paìs. La situaciòn se repite inversamente cuando el sector privado es puesto bajo la lupa por el ùnico diario perteneciente al Estado, La Naciòn, el cual -a su vez- se ve limitado a indagar acerca de las irregularidades dentro del sector pùblico. La ambiguedad dentro de la conformaciòn del mercado informativo es tambièn el resultado de la coexistencia de dos visiones de la sociedad a partir de la producciòn informativa y que aùn no ha sido completamente superada por la emergencia de otros medios de comunicaciòn con un sesgo màs independiente de estos dos bloques.

Como lo afirma el director ejecutivo del Comitè Mundial para la Libertad de Prensa, Mark Bench, la autocensura es la mayor restricciòn al libre ejercicio informativo, ya que el pùblico no entiende el motivo por el cual se manifiesta. Existe ademàs el riesgo latente de ser vìctima de las denominadas “leyes de desacato” cuando el medio no puede hablar de que “el Rey (el sector privado o el Estado) no se ve bien”.   

Esta caracterìstica estructural de la realidad informativa constituye tambièn una amenaza para la pretendida cultura de la transparencia que se han propuesto los responsables del capìtulo chileno de Transparency international, debido a que la lucha a la corrupciòn actualmente se considera sòlo desde el punto de vista de la organizaciòn, implementaciòn y coordinaciòn de las polìticas pùblicas, sin considerar el rol de contralorìa externa que debe ejercer la prensa. Es decir, presenciamos el predominio de un modelo de control guiado por una lògica tecno-burocràtica, que tambièn es desarrollada en el sector privado, donde estas pràcticas de autocontrol tienden a ser màs diluidas. Bajo este tipo de contralorìa surge el rol del Departamento de Comunicaciones Corporativa que se enfoca a limitar el acceso a la informaciòn.

El problema es que, de esta forma,  la transparencia se enfoca exclusivamente desde una perspectiva de ingenierìa pùblica que deja de lado las funciones de control pùblico ejercitadas por la prensa. Justamente este tipo de enfoque es uno de los motivos que pueden explicar el aumento de los casos de corrupciòn en el sector pùblico. Asì no es una novedad el hecho de que el paìs se haya estancando en materia de transparencia en los ùltimos diez anos, donde hemos bajado del 19 al 23 puesto en tal perìodo.

Lamentablemente en sus propuestas para avanzar hacia una mayor cultura de lucha a la corrupciòn, el capìtulo chileno de Transparencia Internacional, menciona una serie de puntos concentrados en el perfeccionamiento de la estructura y la gestiòn pùblica, pero sin tocar el papel que juegan los medios de comunicaciòn y el libre ejercicio de la prensa para coadyuvar en la superaciòn del problema.

Si bien el ranking de RSF puede reflejar  un mejoramiento en la libertad de prensa de un ano a otro, y viceversa, ello no significa una constancia que permanezca en el tiempo debido a la restricciones estructurales creadas por las actuales condiciones del mercado informativo, lo cual tambièn influye en la persistente emergencia de casos de corrupciòn en el paìs. Ello, porque aùn no se valora el hecho de que una verdader independencia en el ejercicio de la prensa y la cultura de la transparencia son dos variables que no deben estar separadas.